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La Ley del Suelo de Canarias fracasa en la Unión Europea

La Comisión de Peticiones de la UE continúa el procedimiento de investigación iniciado a raíz de las denuncias sobre el texto legislativo del Gobierno de Canarias

Por María Montero   (Articulo seleccionado por ANDO Sataute)

La Ley del Suelo aprobada por el Ejecutivo de Canarias no ha convencido a Bruselas, y “ha fracasado como texto legislativo en Europa”, según explican los denunciantes de esta ley, al acordar la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la continuación y ampliación del procedimiento iniciado por una denuncia contra esta Ley por incumplimiento en protección del medio ambiente. Este apoyo a la denuncia por parte de la Unión Europea deja al descubierto al Gobierno de Canarias en minoría liderado por el nacionalista Fernando Clavijo (CC), y al Partido Popular, que respaldó para aprobar esta Ley a los 18 escaños de Coalición Canaria con sus 12 escaños populares en el Parlamento de Canarias. Sin los votos del PP, – y de ASG-, está ley no habría salido adelante, dado que el PSOE, Podemos y Nueva Canarias se posicionaron en contra.

Intervinientes en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Foto: Diario16

Tras escuchar en esta comisión al profesor de Derecho Constitucional en la Universidad ULL, Santiago Pérez, -concejal en La Laguna por Nueva Canarias-, y a algunos miembros de la Plataforma “Canarias Por Un Territorio Sostenible”, -ambos firmantes de esta denuncia-, la UE se ha pronunciado por estimar la denuncia contra la Ley del Suelo del Ejecutivo del presidente Fernando Clavijo (CC), sobre la vulneración en materia medioambiental y de la tutela judicial en la elaboración de la Ley turística de las Islas Verdes y la Ley del Suelo. Seguir leyendo La Ley del Suelo de Canarias fracasa en la Unión Europea

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El Supremo le dice a FCC que no puede seguir cobrando a Santa Brígida por la “Mole” que no terminó

Por segunda vez, un Tribunal de Justicia le dice a la empresa FCC (empresa que lidera la UTE Santa Brígida) que no puede seguir sangrando las arcas públicas del Ayuntamiento de Santa Brígida. El Supremo rechaza que la constructora siga cobrando al pueblo satauteño 3.743 euros diarios por la obra de la ‘mole’ que no terminó en su momento y no podrá terminar porque no cuenta con el amparo legal para hacerlo.

Hace unos días, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección Primera del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del pasado mes de octubre por la que desestimaba la pretensión de la UTE Santa Brígida que pretendía ampliar a nuevos vencimientos la indemnización que por sentencia había conseguido la citada UTE y que suponía que el Ayuntamiento tendría que pagar 3743 euros por día adicional de paralización de la obra de la ‘mole’ desde el 17 de marzo de 2011, con lo que se sitúa el final de ése ‘suma y sigue’ en el 22 de julio de 2014. La ratificación de esta sentencia evita al Ayuntamiento de más de casi 4 millones de euros que se sumarían a otros 4,5 millones por este concepto y, además, el Supremo condena en costas a la UTE. La sentencia del Supremo viene a ratificar y hacer firme la emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La Sala del Supremo que abordó el recurso de casación preparado por la representación de la UTE Santa Brígida contra la sentencia emitida el 18 de octubre pasado, ha estado formada por nueve magistrados, siendo el ponente Jesús Cudero Blas. La decisión de esta Sala ha sido no admitir a trámite en aplicación de lo dispuesto en el artículo 90.4.d de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. “Y ello por cuanto el recurso que se prepara carece de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”.

Aunque esta sentencia supone un respaldo a las tesis municipales, con un ahorro cercano a los cuatro millones de euros, la UTE tiene que recibir en veinte meses ocho millones de euros como indemnización y otros 4,5 millones por perjuicios, por un sentencia de la legislatura pasada.

 

A la espera de que el Consultivo declare la nulidad del contrato con la UTE de la mole

Cuando aún no se ha cumplido los dos años desde las elecciones pasadas en las que la ciudadanía nos respaldó dándonos una representación de cuatro concejales, damos otro importante paso hacia el desbloqueo de la parálisis que padece el municipio con “La Mole”. El pasado cuatro de abril fue presentado en el Registro del Consejo Consultivo de Canarias el expediente de revisión de oficio para la declaración de NULIDAD DEL CONTRATO formalizado en noviembre de 2002 entre el Ayuntamiento de Santa Brígida y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Santa. El objetivo de este paso es que el Consejo Consultivo de Canarias emita el dictamen preceptivo sobre este contencioso que mantiene paralizadas las obras en el centro del casco del municipio desde hace más de una década.

Junto con toda la Corporación Municipal de Santa Brígida, tras un acuerdo plenario por unanimidad de los ocho partidos con representación en el Ayuntamiento en junio de 2016,  iniciamos las el proceso de nulidad del contrato del edificio de aparcamientos y zona comercial, fundamentado en los informes jurídicos elaborados por un gabinete jurídico externo, expertos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y los servicios jurídicos del Cabildo de Gran Canaria. Con ello se preparó el expediente que fue ratificado el pasado mes de octubre y que tras las alegaciones formuladas al mismo se ha tramitado ante el Consejo Consultivo para que proceda a emitir el dictamen preceptivo en virtud de la Ley 5/2002 del Consejo Consultivo de Canarias. Con la solicitud, se entregó también un DVD sobre “declaración testificales y periciales en el P.O 166/2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, así como desde el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento se adjuntó una “Adenda documental de revisión de oficio”, que consta de cuatro anexos.

Los 17 concejales unieron su voto en busca de la Nulidad del Contrato con la UTE

Como “el inicio del fin”  definió el Alcalde satauteño, José Armengol Martín, la aprobación por unanimidad de aquel primer acuerdo y que con él, los ocho partidos políticos representados en el Pleno Municipal,  reflejaron el “sentir de la sociedad de Santa Brígida” de la necesidad de acabar con la inacción del Ayuntamiento ante un asunto que ha costado a los vecinos de la Villa una condena millonaria en indemnizaciones a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que obtuviera la concesión y el contrato para el polémico edificio. “Vamos a trabajar con esta apuesta de la Corporación, añadió,  en el marco legal y con cautela jurídica”, pero también insistió en que era necesario el acuerdo porque “la inactividad también cuesta dinero a los vecinos y vecinas”.

Melquiades Álvarez,  portavoz de ANDO Sataute, dijo que “se trataba de un año de trabajo de la Corporación y colaboradores internos y externos. Un trabajo que nos ha absorbido todo el tiempo pero que supone un punto de inflexión de este tema pero también de la política municipal”. También lamentó las presiones sufridas por técnicos y miembros de la Corporación de “manera impresentable por la UTE por escrito”. Asimismo felicitó a la Corporación por el acuerdo y advirtió que “el camino no acaba aquí sino que será largo”, pero ya lo han iniciado.

El Ayuntamiento le para los pies a FCC y evita la indemnizacion de 3.000.000€ por lucro cesante

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJ) ha emitido una sentencia que declara no ajustada a derecho y desestima la “ampliación de ejecución formulada por la representación de la UTE Santa Brígida”, con lo cual se rechaza la petición de ampliar a nuevos vencimientos la indemnización que por sentencia había conseguido la citada UTE y que suponían 3743 euros por día adicional de paralización desde el 17 de marzo de 2011, situando el final de esa indemnización por los “perjuicios irrogados” en el 22 de julio de 2014. Esta sentencia supone un ahorro de unos tres millones de euros para las arcas municipales.

El Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida ha recibido la sentencia que limita las pretensiones de la UTE (liderada por la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, FCC) y que frena el ‘reloj’ de la indemnización que había logrado tal empresa por la paralización de la obra inacabada en la que estaba proyectado construir un edificio de aparcamientos subterráneos, plaza pública, parque urbano, multicines y locales comerciales. Esta paralización dio lugar a una sentencia condenatoria por la que se obligaba al Ayuntamiento a indemnizar a la UTE con 8.032.552 euros, por los “perjuicios irrogados durante el periodo comprendido entre el 14 de mayo de 2005 y el 17 de marzo de 2011” a lo que se sumaban 3743 euros “por cada día adicional de paralización transcurrido a partir del 17 de marzo de 2011”.

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“Las casas del patronato no se van a tirar”, lo dice el concejal de urbanismo

El concejal de Urbanismo inició su intervención preguntando a los asistentes si alguien pensaba que él había pedido tirar las casas. Inmediatamente afirmó que “ni lo he pedido, ni lo pido, ni lo pediré”, para a continuación pedir a los vecinos que tuvieran tranquilidad.

Ante la sala abarrotada del Centro Cultural Municipal de la Villa, el concejal de Urbanismo, Eduardo Martín, el alcalde satauteño, José Armengol, y la arquitecta y el asesor jurídico de Urbanismo explicaron la situación administrativa de las viviendas del Patronato en el Plan General Sustitutorio y el proyecto presentado en el Cabildo Insular para acogerse al programa de Ayudas a la Regeneración y Reurbanización Urbanas. El motivo de esta asamblea es dar respuesta a la alarma producida entre los residentes al divulgarse en el pueblo la noticia de que el concejal de Urbanismo iba a promover la expulsión de los vecinos y vecinas para proceder al derribo de dichas viviendas sociales construidas hace cincuenta años.

El concejal de Urbanismo inició su intervención preguntando a los asistentes si alguien pensaba que él había pedido tirar las casas. Inmediatamente afirmó que “ni lo he pedido, ni lo pido, ni lo pediré”, para a continuación pedir a los vecinos que tuvieran tranquilidad. En este sentido, informó que el pasado 7 de octubre presentó ante el Cabildo de Gran Canaria un proyecto para regenerar dos de los cinco bloques de los edificios del Patronato por un importe de 291.000 euros que financiaría el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular, el Ayuntamiento y los vecinos, que tendrían que aportar el 2% del presupuesto lo que supondría unos 88 euros por vivienda. Con dicho presupuesto, de aprobarse, se arreglarían cubiertas, canalizaciones, patios, entorno de aceras y recogida de residuos a ejecutar entre 2017 y 2018, quedando el resto de edificios para posteriores etapas.

Sin embargo, el mismo día en que registró la solicitud para acondicionar dos de los bloques, recibió la visita de una vecina alarmada que había sido informada de que la Concejalía había tramitado la declaración de los bloques del Patronato como ARU en el Plan General y que serían derribadas y sus propietarios tendrían que ir a otro lugar. Ante ello, el concejal explicó a la vecina que lo único cierto es que esta pieza urbanística está fuera de ordenación (son edificios de cuatro plantas cuando en el casco municipal el máximo de altura está establecido en tres plantas), además se ha constatado la obsolescencia de las construcciones de unos cincuenta años de antigüedad. No obstante, gracias a su declaración como ARU en el Plan General, estas edificaciones podrán acogerse a los planes de regeneración urbana en caso de que en un futuro los vecinos lo deseen y se logre financiación para la reposición de las viviendas, para lo cual el Ayuntamiento ha reservado suelo en la zona próxima a la antigua Residencia de Educación y Descanso, en el casco del municipio.

Melquiades Álvarez, pidio que se mantenga la dinámica de que los responsables públicos expliquen a los vecinos y vecinas aquellas cosas que les afectan “y acabar con los malos vicios de mentiras e informaciones distorsionadas

Eduardo Martín explicó a los vecinos que el Plan General lo realiza la Consejería de Política Territorial y el equipo redactor fue contratado por la empresa pública Gesplan. Asimsimo, indicó que el Plan se encuentra en trámite y todavía faltan informes sectoriales de distintos organismos, para que el documento pueda ser presentado. Asimismo, comentó que se presentaron unas 800 alegaciones por parte de vecinos y entidades del municipio que han sido respondidas y se entregarán a los interesados en el momento en el que la Consejería de Política Territorial culmine esta etapa del procedimiento.
El concejal insistió que no hay ninguna intención por parte del grupo de Gobierno de demoler los edificios ni tienen posibilidad de quitar las viviendas a sus legítimos propietarios, si bien consideró que la declaración de ARU en el Plan General es una ventaja importante para los vecinos, ya que garantiza que podrán acogerse a planes de reposición de las viviendas con financiación pública.

Tras las explicaciones se produjeron varias intervenciones de concejales de la oposición y de varios vecinos. El primero en intervenir fue el concejal de Ciudadanos, Juanjo Pons, quien indicó que no duda de la buena fe del responsable de Urbanismo y del Grupo de Gobierno, pero que no se ha informado a la ciudadanía y se ha dejado en manos de los técnicos el urbanismo cuando “lo hemos de decidir entre todos porque es nuestro futuro”. Eduardo Martín le respondió que el Plan ya tuvo un periodo de información pública, pero que actualmente la información la da la Consejería aunque está incompleta por la falta de algunos informes sectoriales.

Una vecina preguntó si los edificios ‘grises’ las casas de Don Elías y las casas baratas se encontraban en la misma situación urbanística, A este respecto, el concejal indicó que no tienen la misma calificación.

Otra de las consultas fue en torno a la información pública y el estado de tramitación del Plan General ya que no se había respondido a las alegaciones. A esta consulta, el concejal de Urbanismo indicó que las alegaciones están redactadas pero no se pueden enviar hasta la incorporación de los informes sectoriales, pero anticipó que el Ayuntamiento no ha introducido ninguna modificación sustancial en el documento del Plan porque ello supondría reiniciar los trámites del Plan General y provocaría un retraso importante para que Santa Brígida cuente con una normativa urbanística.

La concejala de Cambio por Sataute, Guadalupe del Río, explicó que consiguió la información del Plan General solicitándola en la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, al no poderla conseguir en el Ayuntamiento. Asimismo, indicó que las viviendas afectadas por el ARU no son insalubres sino confortables, bien cuidadas y reformadas por sus inquilinos y que no pueden compararse con las del Polvorín o de otros barrios de viviendas sociales de Las Palmas de Gran Canaria. Eduardo Martín replicó que el conjunto de las casas del Patronato precisan de una reforma porque “su degradación se ve a simple vista”. Asimismo, explicó que la calificación de ARU para los bloques no fue solicitada por el Ayuntamiento sino considerada necesaria por el equipo redactor del Plan General.

Tras varias intervenciones de algunos vecinos y vecinas, así como de los concejales y del Alcalde, tomó la palabra el edil de Cultura, Melquiades Álvarez, para pedir a los presentes que se mantenga en el futuro la dinámica de que los responsables públicos expliquen a los vecinos y vecinas aquellas cosas que les afectan “y acabar con los malos vicios de gente que con perversidad, usando mentiras e informaciones distorsionadas pretenden provocar el engaño y el miedo entre los ciudadanos”, en referencia a la alarma creada entre los residentes en las casas del Patronato de la supuesta demolición.