Archivo de la categoría: Urbanismo. Patrimonio

La «Travesía del Monte Lentiscal», una oportunidad de participación ciudadana

A instancias del Ayuntamiento de Santa Brígida y del Cabildo Insular de Gran Canaria se inicia un proceso que será pionero en la gestión de los asuntos municipales de la Villa. Por primera vez se traslada a la ciudadanía la iniciativa de decidir el grueso de una obra necesaria para el desarrollo urbanístico y viario del Monte Lentiscal. Se trata de lo que se conoce como «Travesía del Monte Lentiscal» cuyos pormenores quedan recogidos en la página web de la corporación.

Desde sus orígenes como organización política, ANDO Sataute ha tenido por bandera el impulso de la participación activa de la ciudadanía en los asuntos esenciales que afectan a la vida municipal, con el convencimiento de que esa implicación redundará en la ganancia de la sociabilidad y en la extensión del bienestar para todos los vecinos y vecinas. Sabíamos que el proceso de instaurar la participación como forma de hacer gestión y política era lento, paciente y costoso, por la falta de hábito en este municipio, en el que nunca se ha pedido opinión a sus habitantes para nada. Arrancamos con la celebración de asambleas de barrio como iniciativas de información y recogida de necesidades de cada uno de los núcleos de población que constituyen el pueblo. Y según ha transcurrido la legislatura, la asamblea de barrio se ha ido convirtiendo en costumbre institucional, y aunque la participación haya sido irregular y no haya quedado representada la totalidad del sentir de los vecinos, no cabe duda de que se ha abierto un camino irreversible y se ha enriquecido la competencia democrática, tan necesaria para este modo de gestionar que propone ANDO.

Con la experiencia de la «Travesía del Monte Lentiscal» estamos ante una oportunidad para apuntalar este fundamento político que es la participación democrática de la comunidad en la administración de su municipio. Se requiere movilización, animación, información y habilidad para promover lo que sin duda puede ser una referencia para Santa Brígida y otros pueblos de la isla. Desde luego que el resultado final será el producto de la suma de las aportaciones de la ciudadanía y de los informes técnicos y las posibilidades presupuestarias, pero en cualquier caso las cabezas pensantes saldrán por primera vez de los despachos y tendrán que vérselas con la percepción del vecindario, que será el usuario y benefactor principal de lo que finalmente se decida.

ANDO Sataute se felicita de estar a la cabeza de quienes han promovido esta iniciativa. Seguir leyendo La «Travesía del Monte Lentiscal», una oportunidad de participación ciudadana

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El FDCAN financiará la rehabilitación de las 96 viviendas sociales

El Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida aprobó por la vía de Urgencia la solicitud al Cabildo Insular para que acepte la modificación en el reparto de los Fondos de Desarrollo de Canarias (Fdecan) que corresponden al municipio de Santa Brígida, con el objeto de que puedan ser destinados a la financiación de la parte porcentual que corresponde al Ayuntamiento para financiar el programa ARRU (Ayudas a la Regeneración y Reurbanización Urbanas) que permitirá reformar las ’96 viviendas’ realizadas hace décadas y que necesitan una profunda renovación y cuya financiación se realizará con fondos del Estado, Comunidad Autónoma, Cabildo Insular, Ayuntamiento y los propios beneficiarios. El Pleno aprobó varias mociones relacionadas con la violencia de género, si bien hubo discusión sobre el desmantelamiento de este servicio en el municipio y los reparos al convenio de financiación por parte del Cabildo, al igual que el de un servicio para Menores, lo que hace que Santa Brígida sea uno de los escasos municipios que no cuentan con equipos para estas áreas. También fue aprobada por unanimidad la propuesta de Ando Sataute para dar apoyo institucional al proyecto Árbol de recogida y reciclaje de material de escritura que se desarrolla desde hace dos años en la Villa.

La Corporación satauteña celebró el jueves 30, la sesión ordinaria en el salón plenario de la Casa Consistorial al que justificaron su ausencia tres concejalas (1 del PP, 1 de Unidos por Gran Canaria -UxGC- y una del grupo de No Adscritos). El Orden del Día comenzó con la propuesta de aprobación del Acta de la sesión ordinaria del pasado mes de octubre que contó con el voto en contra de los dos concejales de Cambio por Sataute -CxS- y la abstención de los dos ediles del PP y el concejal de Ciudadanos (Cs), tras lo cual fue debatida la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de créditos que fue aprobado con los votos del grupo de Gobierno (6) y la abstención de toda la oposición (8). El debate de este punto giró en torno a la contratación de un ingeniero externo para realizar un informe sobre el estado de las canchas de padel, señalando los concejales de CxS, el portavoz de UxGC y la concejala de Coalición de Centro Democrático (CCD) que dicho informe pudo realizarse con personal municipal. En este sentido, el que fuera concejal de Deportes, José Luis Álamo (Nueva Canarias -NC-) respondió que se trataba de un dinero que aportaba el Cabildo Insular y que al llegar al gobierno municipal se encontró con que se vencía el plazo y de no realizarse ése informe se perdería la financiación para las instalaciones, ante lo que tuvo que encargar el informe porque ningún empleado municipal podía realizar en plazo el estudio.

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La Ley del Suelo de Canarias fracasa en la Unión Europea

La Comisión de Peticiones de la UE continúa el procedimiento de investigación iniciado a raíz de las denuncias sobre el texto legislativo del Gobierno de Canarias

Por María Montero   (Articulo seleccionado por ANDO Sataute)

La Ley del Suelo aprobada por el Ejecutivo de Canarias no ha convencido a Bruselas, y “ha fracasado como texto legislativo en Europa”, según explican los denunciantes de esta ley, al acordar la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la continuación y ampliación del procedimiento iniciado por una denuncia contra esta Ley por incumplimiento en protección del medio ambiente. Este apoyo a la denuncia por parte de la Unión Europea deja al descubierto al Gobierno de Canarias en minoría liderado por el nacionalista Fernando Clavijo (CC), y al Partido Popular, que respaldó para aprobar esta Ley a los 18 escaños de Coalición Canaria con sus 12 escaños populares en el Parlamento de Canarias. Sin los votos del PP, – y de ASG-, está ley no habría salido adelante, dado que el PSOE, Podemos y Nueva Canarias se posicionaron en contra.

Intervinientes en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Foto: Diario16

Tras escuchar en esta comisión al profesor de Derecho Constitucional en la Universidad ULL, Santiago Pérez, -concejal en La Laguna por Nueva Canarias-, y a algunos miembros de la Plataforma “Canarias Por Un Territorio Sostenible”, -ambos firmantes de esta denuncia-, la UE se ha pronunciado por estimar la denuncia contra la Ley del Suelo del Ejecutivo del presidente Fernando Clavijo (CC), sobre la vulneración en materia medioambiental y de la tutela judicial en la elaboración de la Ley turística de las Islas Verdes y la Ley del Suelo. Seguir leyendo La Ley del Suelo de Canarias fracasa en la Unión Europea

El Supremo le dice a FCC que no puede seguir cobrando a Santa Brígida por la “Mole” que no terminó

Por segunda vez, un Tribunal de Justicia le dice a la empresa FCC (empresa que lidera la UTE Santa Brígida) que no puede seguir sangrando las arcas públicas del Ayuntamiento de Santa Brígida. El Supremo rechaza que la constructora siga cobrando al pueblo satauteño 3.743 euros diarios por la obra de la ‘mole’ que no terminó en su momento y no podrá terminar porque no cuenta con el amparo legal para hacerlo.

Hace unos días, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección Primera del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del pasado mes de octubre por la que desestimaba la pretensión de la UTE Santa Brígida que pretendía ampliar a nuevos vencimientos la indemnización que por sentencia había conseguido la citada UTE y que suponía que el Ayuntamiento tendría que pagar 3743 euros por día adicional de paralización de la obra de la ‘mole’ desde el 17 de marzo de 2011, con lo que se sitúa el final de ése ‘suma y sigue’ en el 22 de julio de 2014. La ratificación de esta sentencia evita al Ayuntamiento de más de casi 4 millones de euros que se sumarían a otros 4,5 millones por este concepto y, además, el Supremo condena en costas a la UTE. La sentencia del Supremo viene a ratificar y hacer firme la emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La Sala del Supremo que abordó el recurso de casación preparado por la representación de la UTE Santa Brígida contra la sentencia emitida el 18 de octubre pasado, ha estado formada por nueve magistrados, siendo el ponente Jesús Cudero Blas. La decisión de esta Sala ha sido no admitir a trámite en aplicación de lo dispuesto en el artículo 90.4.d de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. “Y ello por cuanto el recurso que se prepara carece de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”.

Aunque esta sentencia supone un respaldo a las tesis municipales, con un ahorro cercano a los cuatro millones de euros, la UTE tiene que recibir en veinte meses ocho millones de euros como indemnización y otros 4,5 millones por perjuicios, por un sentencia de la legislatura pasada.

 

A la espera de que el Consultivo declare la nulidad del contrato con la UTE de la mole

Cuando aún no se ha cumplido los dos años desde las elecciones pasadas en las que la ciudadanía nos respaldó dándonos una representación de cuatro concejales, damos otro importante paso hacia el desbloqueo de la parálisis que padece el municipio con “La Mole”. El pasado cuatro de abril fue presentado en el Registro del Consejo Consultivo de Canarias el expediente de revisión de oficio para la declaración de NULIDAD DEL CONTRATO formalizado en noviembre de 2002 entre el Ayuntamiento de Santa Brígida y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Santa. El objetivo de este paso es que el Consejo Consultivo de Canarias emita el dictamen preceptivo sobre este contencioso que mantiene paralizadas las obras en el centro del casco del municipio desde hace más de una década.

Junto con toda la Corporación Municipal de Santa Brígida, tras un acuerdo plenario por unanimidad de los ocho partidos con representación en el Ayuntamiento en junio de 2016,  iniciamos las el proceso de nulidad del contrato del edificio de aparcamientos y zona comercial, fundamentado en los informes jurídicos elaborados por un gabinete jurídico externo, expertos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y los servicios jurídicos del Cabildo de Gran Canaria. Con ello se preparó el expediente que fue ratificado el pasado mes de octubre y que tras las alegaciones formuladas al mismo se ha tramitado ante el Consejo Consultivo para que proceda a emitir el dictamen preceptivo en virtud de la Ley 5/2002 del Consejo Consultivo de Canarias. Con la solicitud, se entregó también un DVD sobre “declaración testificales y periciales en el P.O 166/2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, así como desde el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento se adjuntó una “Adenda documental de revisión de oficio”, que consta de cuatro anexos.

Los 17 concejales unieron su voto en busca de la Nulidad del Contrato con la UTE

Como “el inicio del fin”  definió el Alcalde satauteño, José Armengol Martín, la aprobación por unanimidad de aquel primer acuerdo y que con él, los ocho partidos políticos representados en el Pleno Municipal,  reflejaron el “sentir de la sociedad de Santa Brígida” de la necesidad de acabar con la inacción del Ayuntamiento ante un asunto que ha costado a los vecinos de la Villa una condena millonaria en indemnizaciones a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que obtuviera la concesión y el contrato para el polémico edificio. “Vamos a trabajar con esta apuesta de la Corporación, añadió,  en el marco legal y con cautela jurídica”, pero también insistió en que era necesario el acuerdo porque “la inactividad también cuesta dinero a los vecinos y vecinas”.

Melquiades Álvarez,  portavoz de ANDO Sataute, dijo que “se trataba de un año de trabajo de la Corporación y colaboradores internos y externos. Un trabajo que nos ha absorbido todo el tiempo pero que supone un punto de inflexión de este tema pero también de la política municipal”. También lamentó las presiones sufridas por técnicos y miembros de la Corporación de “manera impresentable por la UTE por escrito”. Asimismo felicitó a la Corporación por el acuerdo y advirtió que “el camino no acaba aquí sino que será largo”, pero ya lo han iniciado.

El Ayuntamiento le para los pies a FCC y evita la indemnizacion de 3.000.000€ por lucro cesante

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJ) ha emitido una sentencia que declara no ajustada a derecho y desestima la “ampliación de ejecución formulada por la representación de la UTE Santa Brígida”, con lo cual se rechaza la petición de ampliar a nuevos vencimientos la indemnización que por sentencia había conseguido la citada UTE y que suponían 3743 euros por día adicional de paralización desde el 17 de marzo de 2011, situando el final de esa indemnización por los “perjuicios irrogados” en el 22 de julio de 2014. Esta sentencia supone un ahorro de unos tres millones de euros para las arcas municipales.

El Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida ha recibido la sentencia que limita las pretensiones de la UTE (liderada por la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, FCC) y que frena el ‘reloj’ de la indemnización que había logrado tal empresa por la paralización de la obra inacabada en la que estaba proyectado construir un edificio de aparcamientos subterráneos, plaza pública, parque urbano, multicines y locales comerciales. Esta paralización dio lugar a una sentencia condenatoria por la que se obligaba al Ayuntamiento a indemnizar a la UTE con 8.032.552 euros, por los “perjuicios irrogados durante el periodo comprendido entre el 14 de mayo de 2005 y el 17 de marzo de 2011” a lo que se sumaban 3743 euros “por cada día adicional de paralización transcurrido a partir del 17 de marzo de 2011”.

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