La “LOMCE”: retrocediendo el reloj 40 años

Luisa Toledo, para ANDO Sataute

Desde que en 1948 la Asamblea General de las recién creadas Naciones Unidas aprobara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, éstos se convirtieron en inalienables e irrenunciables para las personas sujetas a derecho y para los Estados garantes de esos derechos. El artículo 26 de esta Declaración Universal sostiene que  toda persona tiene derecho a la educación y que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Desde entonces el camino hacia la universalización de la educación aunque se ha manifestado arduo y complicado se reconoce como fundamental para eliminar las desigualdades de género o raza así como para erradicar la pobreza.

Claro está que ha llovido mucho desde 1948 y que en cada lugar del globo se entiende por “pleno desarrollo de la personalidad“ aquello que a cada Estado o comunidad de Estados le parece más o menos. Y es que la educación es parte fundamental del desarrollo de la acción política, pues no sólo lleva implícita una ideología determinada, sino que a partir de su aplicación práctica en las aulas (vía sistema educativo) se convierte en el vehículo fundamental de transmisión de esa ideología.

Quizás por eso en un Estado como el español, tan incapaz de llegar a ningún tipo de consenso o acuerdo político, como la realidad está tristemente demostrando, hemos asistido a cinco reformas educativas desde que la Ley General de Educación de 1970 declarara la Educación como servicio público esencial de la comunidad.

Es verdad que todas han dado respuesta a la problemática educativa desde el ideario del partido en el gobierno y que todas fueron contestadas por la oposición y por la ciudadanía en la calle, pero no es menos cierto que ninguna se enfrentó a un rechazo tan absoluto por parte de todos los grupos de interés como la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa).

La LOMCE, en efecto, desde que inició su andadura de la mano de la mayoría absoluta del gobierno conservador fue observada con recelo y suspicacia desde sus planteamientos iniciales y abiertamente rechazada desde que existió un anteproyecto de ley, tanto por todos los partidos en la oposición, como por los sindicatos y asociaciones de enseñantes y de estudiantes, federaciones y asociaciones de madres y padres… Es decir, por la comunidad educativa casi al completo organizada  en la Marea Verde en defensa de la Educación Pública.

¿Qué ha suscitado este consenso educativo, por primera vez en España, pero no a favor sino en contra de la Ley? Podemos entenderlo bien si leemos con detenimiento su Preámbulo, que es toda una declaración de intenciones sobre lo que vendrá después: desde sus primeros párrafos la LOMCE sentencia que cada alumno posee una distinta capacidad (“talento” la llama la Ley, haciendo uso de este término tan bíblico que no consigue desviar nuestra atención de las verdaderas intenciones del legislador a pesar de su aparente amabilidad) y que el sistema educativo debe reconocerla y potenciarla… mediante una estructura educativa que contemple diferentes trayectorias. Será mejor beber directamente de la fuente, que siempre será más explícita que nuestra posible interpretación:

Todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere entre ellos. En consecuencia, el sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para reconocerlo y potenciarlo. El reconocimiento de esta diversidad entre alumno o alumna en sus habilidades y expectativas es el primer paso hacia el desarrollo de una estructura educativa que contemple diferentes trayectorias. La lógica de esta reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor a través de la posibilidad, para el alumnado y sus padres, madres o tutores legales, de elegir las mejores opciones de desarrollo personal y profesional.

Es decir, la Ley lo tiene (y lo deja) claro desde las primeras líneas de su preámbulo: un sistema educativo orientado a la empleabilidad que establezca itinerarios según “talentos” desde cuanto antes mejor. Esto, que ya de por sí asusta, lo justifica la Ley en el diagnóstico que realiza en su mismo preámbulo: es alarmante el fracaso escolar y no estamos a la altura de Europa. ¿Quién establece esto? Europa, por supuesto a través de exámenes externos estandarizados que miden de manera uniforme competencias lingüísticas y matemáticas. No es nuestra intención mandar los resultados de PISA a la papelera de reciclaje sin más; pero tampoco parece muy apropiado establecer la ordenación del sistema educativo para responder a los resultados de este diagnóstico. A no ser que entendamos los exámenes como la finalidad fundamental de la educación.

Y desgraciadamente, si atendemos a la Ley, ésta parece funcionar con esta lógica, pues contra décadas de investigación y experimentación pedagógica que encaminan la educación por el camino de la evaluación continua, la LOMCE recupera la importancia de los exámenes finalistas como elemento fundamental de la educación; la evaluación deja de ser parte del proceso para convertirse en el objetivo, la meta de la educación; y si esto de por sí ya puede ser visto con reticencia, nuestra repulsa será completa si estos exámenes se convierten en una prueba externa necesaria para titular:

Para obtener el título de Graduado en E.S.O. así como para obtener el título de Bachiller (y una vez que el alumno ya ha aprobado en su centro, esto es lo más grave de todo) será necesaria la superación de la evaluación final (artículos 23 y 31 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato), determinada por pruebas externas cuyos criterios de evaluación, característica y diseño corresponderán al Ministerio (capítulo I, disposiciones generales, artículo 3).

En síntesis, un sistema educativo que entiende por atención a la diversidad la segregación del alumnado en función de sus capacidades desde cuanto antes mejor, estableciendo itinerarios que marcarán el camino hacia la Universidad o la F.P. desde tan pronto como se pueda, (y desvalorizando de nuevo la Formación Profesional, uno de los caminos te desvía hacia una F.P. básica que no permite titular). Un sistema que condiciona la titulación (del ya titulado si atendemos al proceso interno del Centro) a la superación de un examen externo uniforme, que “iguala” a todos los alumnos ignorando sus diferencias sociales o sus dificultades de partida. Un sistema pues profundamente injusto, que desfavorece al ya desfavorecido, que dará lugar a un porcentaje importante de no titulados desde los dieciséis años y que en última instancia, y aquí quería llegar la Ley, responderá no al derecho del alumno a la Educación, sino a los intereses neoliberales del mercado.

La disyuntiva parece clara: o lo paralizamos de forma contundente o retrasamos el reloj de nuestra historia educativa cuarenta años.

 

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